Ante el comunicado difundido por la conducción de la Asociación del Personal y Empleados Legislativos —APEL—, la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz considera necesario aclarar a los trabajadores legislativos y a la comunidad que las afirmaciones allí expresadas son falsas, malintencionadas y responden a una evidente utilización política de una medida estrictamente administrativa y organizativa.
La asignación de determinados agentes al inmueble ubicado en calle Pellegrini N.° 175 no implica cesantías, sanciones, rebajas salariales ni modificación alguna de sus derechos laborales.
A ningún trabajador se le ha alterado:
- Su situación de revista.
- Su estabilidad como empleado de planta permanente.
- Su remuneración.
- Su carga horaria.
- Sus funciones esenciales.
- Su antigüedad.
- Su régimen de licencias.
- Sus derechos previsionales.
- Su pertenencia a la planta de personal de la Cámara de Diputados.
La única modificación dispuesta se refiere al espacio físico en el que determinados agentes prestarán tareas, dentro de dependencias pertenecientes o afectadas al funcionamiento del Poder Legislativo.
Por lo tanto, no existe el supuesto “confinamiento”, “desplazamiento arbitrario” ni “desmembramiento” denunciado por APEL. Se trata de una decisión fundada en necesidades concretas de organización, distribución de espacios, seguridad, funcionamiento operativo y mejora de las condiciones laborales.
Resulta contradictorio que se cuestione la utilización de un nuevo espacio destinado precisamente a reducir la concentración de personas, mejorar las condiciones edilicias y permitir que los agentes puedan desempeñar sus funciones en lugares adecuados.
También es falso que se pretenda avanzar sobre la estabilidad laboral o desconocer las disposiciones de la Ley Provincial N.° 1958 y de la Ley N.° 3021. La Cámara de Diputados continuará respetando plenamente la normativa vigente, los derechos adquiridos y los procedimientos administrativos correspondientes.
Una conducción gremial que intenta convertir una medida administrativa en un conflicto político
Lamentablemente, la conducción de APEL pretende instalar una situación de persecución laboral que no existe, omitiendo deliberadamente que la reorganización física no modifica ninguna condición esencial de trabajo.
Resulta llamativo que algunos de quienes hoy denuncian supuestas arbitrariedades hayan guardado silencio durante años frente al desorden administrativo, la falta de controles, la ausencia reiterada de determinados agentes y la utilización política de numerosas estructuras de la Cámara.
Esta gestión tiene la responsabilidad de ordenar el funcionamiento del Poder Legislativo, establecer ámbitos adecuados de trabajo, controlar el cumplimiento efectivo de las tareas y garantizar que los recursos públicos estén al servicio de la institución y de la sociedad.
No puede confundirse la defensa de los derechos laborales con la pretensión de impedir cualquier medida de organización, control o normalización administrativa.
Asimismo, es necesario señalar que varios integrantes y referentes de la actual conducción gremial mantienen una participación política pública y activa en sectores vinculados al kirchnerismo provincial y municipal, acompañando espacios referenciados en Pablo Grasso y Pablo González.
Esa pertenencia o militancia política es legítima, pero debe ser reconocida con honestidad. Lo que no resulta legítimo es utilizar la representación sindical para presentar como un ataque a los trabajadores una decisión administrativa que no reduce salarios, no modifica horarios, no altera la estabilidad ni elimina puestos de trabajo.
Menos privilegios y mayor responsabilidad
La Cámara de Diputados no permitirá que se utilice a los trabajadores legislativos como instrumento de una confrontación política.
Defender al trabajador significa garantizarle condiciones adecuadas, estabilidad, respeto, capacitación y un espacio digno donde cumplir sus funciones. También significa exigir responsabilidad, asistencia y cumplimiento efectivo de las tareas asignadas.
Los derechos laborales deben ser respetados, pero también deben cumplirse las obligaciones propias de todo empleado público.
Esta Presidencia continuará promoviendo el ordenamiento administrativo de la Cámara, la correcta utilización de sus edificios y la distribución racional de los recursos humanos, sin aceptar presiones de sectores que durante años naturalizaron el descontrol y que ahora pretenden conservar privilegios mediante comunicados cargados de falsedades.
No existe persecución.
No existe reducción salarial.
No existe modificación de horarios.
No existe cambio en la situación de revista.
No existe pérdida de estabilidad.
Existe solamente una reorganización del espacio físico para mejorar el funcionamiento institucional.
La Cámara de Diputados mantiene abiertas las vías formales de diálogo, pero no convalidará operaciones políticas disfrazadas de reclamos sindicales ni permitirá que se desinforme a los trabajadores y a la sociedad santacruceña.