Con 63 votos a favor y 7 en contra, la Cámara alta desactivó el veto de Javier Milei y restableció la norma que extiende la emergencia hasta 2026. Se trata del primer rechazo a un veto presidencial en más de 20 años.
En una sesión marcada por un amplio consenso opositor, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto del Poder Ejecutivo a la ley de emergencia en discapacidad y restableció su vigencia. La medida obtuvo 63 votos afirmativos y 7 negativos, superando los dos tercios necesarios para revertir la decisión presidencial. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que el Congreso logra invalidar un veto del Ejecutivo.
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Entre sus principales disposiciones, contempla la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles para prestaciones y la implementación de compensaciones económicas.
La sesión fue conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), en reemplazo de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei al exterior.
Durante el debate, senadores de distintos bloques expusieron sus posturas. El peronista Pablo Bensusán (La Pampa) cuestionó la decisión del Ejecutivo al afirmar que el veto “impidió que las personas con discapacidad accedan a una pensión equivalente al 70% de la mínima” y sostuvo que los recortes implican “condenar a la exclusión” a quienes necesitan terapias o acceso al trabajo.
Desde la oposición dialoguista, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero expresó su desacuerdo con la ley, aunque pidió públicamente al ministro de Salud, Mario Lugones, un incremento en los aranceles de las prestaciones. Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri (CABA) señaló que “la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad” y destacó la necesidad de la intervención estatal en salud, educación e infraestructura.
En tanto, el santacruceño José María Carambia advirtió que, en caso de que el Ejecutivo no cumpla con la aplicación de la norma, impulsará un pedido de juicio político contra el Presidente.
Las intervenciones también incluyeron cruces entre legisladores oficialistas y opositores. El formoseño Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza) defendió la política de pensiones, mientras que su comprovinciano José Mayans (Unión por la Patria) lo increpó con fuertes críticas al oficialismo.
En el tramo final, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), señaló que la emergencia responde a un “deterioro sostenido” en el área de discapacidad y reclamó que el Gobierno organice una política clara para dar respuesta a las demandas del sector.
La votación final dejó en evidencia un amplio respaldo de los bloques opositores y expuso divisiones dentro del oficialismo. La restitución de la ley implica que el Ejecutivo deberá aplicarla en los términos aprobados por el Congreso.