La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 29 de septiembre, donde escuchará a todas las partes antes de definir qué tribunal será competente para llevar adelante el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que en noviembre cumplirá ocho años y dejó un saldo de 44 tripulantes fallecidos.
La Cámara Federal de Casación Penal deberá determinar qué tribunal llevará adelante el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que dejó 44 tripulantes muertos hace casi ocho años. El 29 de septiembre, la Sala IV escuchará a las partes para decidir si la causa se mantiene en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Río Gallegos o si se traslada a otra jurisdicción.
La disputa por la jurisdicción
El querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos, solicitó que el juicio se realice en Mar del Plata, ciudad de donde partió el submarino y donde se encuentra la base de la Fuerza de Submarinos. Esta propuesta fue respaldada por las defensas de los imputados Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide, quienes también consideraron a Buenos Aires como una sede alternativa.
La causa, investigada por la jueza Marta Yáñez en Caleta Olivia, fue elevada a juicio con cuatro oficiales acusados de estrago culposo agravado, incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. A pesar de que el TOF santacruceño confirmó su competencia, el fiscal Julio Zárate opinó que el debate debería trasladarse a Mar del Plata, el último puerto del buque.
Posiciones de los jueces y las partes
La Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, admitió los recursos del fiscal y la defensa de Villamide. Borinsky y Carbajo argumentaron que es necesario resolver esta cuestión ahora para evitar futuras nulidades. “Resulta oportuno darle tratamiento ahora a la cuestión, a fin de no generar perjuicios irreparables”, expresaron en su resolución. En contraste, el juez Hornos votó por declarar inadmisibles los recursos, aunque concordó con la importancia de oír a las partes.
Actualmente, los imputados, entre ellos el entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento, Luis Enrique López Mazzeo, y el ex jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, enfrentan cargos por presuntas negligencias en el mantenimiento y preparación del submarino. La acusación sostiene que se omitieron advertencias técnicas y que la nave se mantuvo en condiciones inadecuadas para la navegación. Por su parte, la defensa de los otros dos acusados, Héctor Alonso y Hugo Correa, así como la abogada querellante Valeria Carreras, se pronunciaron a favor de que la jurisdicción se mantenga en Santa Cruz para que el debate comience sin más demoras.
Con infomación de Perfil