El gobierno de Bolivia enfrenta denuncias por los más de 10 muertos que dejó la represión, detenciones arbitrarias, torturas y secuestro de opositores.
En medio de la feroz represión desatada por el gobierno del derechista Rodrigo Paz contra la protesta social que despertó su plan de ajuste en Bolivia, las autoridades le prohibieron este lunes el ingreso al país a una delegación de veedores de Derechos Humanos.
Según denunciaron los integrantes de la comitiva, la delegación que partió desde Buenos Aires en la madrugada de este lunes fue retenida al arribar al aeropuerto de El Alto en La Paz. Si bien había pasado sin inconvenientes por Santa Cruz de la Sierra, al llegar a La Paz fue devuelta a Santa Cruz, donde los retuvieron en el avión para deportarlos a Ezeiza.
“La misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano”, advirtieron en un comunicado difundido este mediodía.
Y señalaron que “la expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos. Además, atenta contra los fueros diplomáticos de diputados nacionales como Juan Marino y Vanina Biasi que son parte de esta delegación. Este accionar dictatorial avasalla los derechos de los pueblos a ser observados y relevadas las violaciones de los derechos humanos que se difunden en medios de comunicación y redes sociales desde hace más de 40 días, y que son de público conocimiento”.
Y sentenciaron: “la represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo”.
