Las sanciones, ante un resultado positivo siguen siendo el corazón de la discusión en la Legislatura.
Lejos de apaciguar las aguas, el debate por el proyecto que establece exámenes toxicológicos sorpresivos a políticos y jueces, para definir su permanencia en el puesto, continúa embravecido. Logró despacho en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Neuquén, pero no se votará aún en el recinto.
La provincia fijará, a través de esta ley, la obligatoriedad de someterse a un “control antidoping” periódico a quienes “toman decisiones” en los tres poderes del Estado, ya sea porque ocupan cargos electivos (fueron votados por la ciudadanía), designaciones políticas (una ministra) o judiciales por concurso (un fiscal jefe).
Esto alcanzará al gobernador, su vice, el gabinete, el fiscal de Estado, el asesor general de Gobierno, diputados y diputadas, el Tribunal Superior de Justicia, jueces, fiscales y defensores, integrantes del Consejo de la Magistratura, directivos de organismos autárquicos, intendentes y concejales.
En principio, se le hará un test rápido de orina o saliva (los valores oscilan entre los 15.000 y 20.000 pesos, cuyo costo debe pagar siempre el funcionario). Si se confirma, deberá realizarse de inmediato un análisis toxicológico (acá el precio escala a 200 dólares, según comentó la diputada libertaria Brenda Buchiniz). Después hay una ventana de 48 horas para la contraprueba. La persona no sabrá de antemano qué día le tocará testearse.
Lo que se busca es detectar la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas: metabolitos de opioides, de cannabinoides y de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas, barbitúricos y cualquier otra sustancia psicoactiva que la autoridad de aplicación determine.
Este es uno de los puntos que el proyecto deja sumamente abierto: el Poder Ejecutivo será el que determine quién será la autoridad de aplicación: si el ministerio de Salud o -como algunos desean- el de Seguridad.
PARA QUE NO HAYA VINCULOS CON LOS NARCOS
La finalidad de la ley, como afirmó el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, es que las autoridades de la provincia no estén relacionadas “con los narcos”.
No es prioridad acompañar a una persona en un tratamiento de salud, en caso de que la prueba y contraprueba den positivo, sino afinar los mecanismos para correrla de la función.
El oficialismo ha tenido problemas para acordar cómo se aplicarán las sanciones. Tanto con sus aliados -el PRO que reclama una expulsión automática–, como la oposición que pide que se respete el procedimiento constitucional de remoción en cada uno de los casos: juicio político, jurado de enjuiciamiento, sumario administrativo.
Fuente: Diario Río Negro