El Tribunal Oral Federal 2 rechazó las nulidades y concedió el recurso de Casación a la defensa de la expresidenta por el decomiso de $684.990 millones. El trámite continuará mientras la Cámara trata el planteo.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 resolvió a última hora de este jueves rechazar las nulidades planteadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y conceder el recurso de Casación contra la resolución que actualizó el monto del decomiso fijado en la sentencia condenatoria por administración fraudulenta. La decisión, firmada por los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, afecta directamente a la expresidenta y a los demás condenados en la causa conocida como “Vialidad”.
El tribunal también analizó si era admisible el recurso de Casación para apelar esta negativa, reconociendo que, aunque la sentencia condenatoria ya se encontraba firme tras la intervención de la Corte Suprema, el recurso era admisible en la etapa de ejecución, pero sin efecto suspensivo. Esto significa que el trámite del decomiso continuará mientras se resuelve el recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La resolución se dictó en el marco del expediente en el que el tribunal había condenado a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, el fallo dispuso el decomiso de los efectos del delito, que al momento de la sentencia ascendía a $84.835.227.378,04, cifra que fue actualizada a $684.990.350.139,86 tras la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La defensa, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, presentó un recurso el pasado 12 de agosto contra la resolución del 15 de julio que dispuso la actualización del monto del decomiso. Argumentaron que el procedimiento seguido para determinar la suma definitiva era contrario a la ley vigente y solicitaron la suspensión de todas las actividades patrimoniales ejecutivas vinculadas al decomiso, alegando la ausencia de una sentencia firme sobre el monto actualizado.
Los letrados basaron su impugnación en tres ejes: que el tribunal convirtió en definitiva una estimación provisoria del decomiso, privando a las partes de controvertir la actualización; que la decisión carecía de fundamentación sobre la elección del método de actualización; y que se apartó del criterio utilizado en otros casos, lo que evidenciaría un trato desigual hacia Fernández de Kirchner.