La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apuntaría a trabajadores de planta permanente de la administración nacional. El decreto estaría listo y la inscripción comenzaría en noviembre.
El Gobierno nacional prepara un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados públicos, como parte de la política de reducción de la planta estatal que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
Según la información conocida en las últimas horas, el decreto que habilitaría el régimen ya estaría elaborado y se publicaría próximamente. La intención oficial es que la inscripción pueda comenzar en noviembre y que alcance al personal civil de planta permanente de la administración central y de organismos descentralizados.
La medida se inscribe en una política de reducción del empleo público que, desde diciembre de 2023, ya implicó decenas de miles de bajas en el Estado nacional. Distintos relevamientos citados por medios nacionales ubican esa reducción en torno a los 74.000 puestos y señalan una caída superior al 20% en la dotación estatal.
Durante este período, el Gobierno recurrió a distintas herramientas para achicar la estructura: no renovación de contratos, retiros voluntarios en organismos específicos y pases a disponibilidad de personal de planta permanente.
Desde los gremios estatales cuestionan esa política. ATE sostiene que la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales generan presión sobre los trabajadores para que acepten los retiros. Esa interpretación corresponde a la posición sindical y no a una definición oficial del Gobierno.
ATE realiza este martes un cese de tareas
En paralelo, ATE convocó para este martes 6 de octubre a un cese de tareas desde las 12 en ministerios, organismos públicos y empresas estatales, acompañado por una movilización hacia la Corte Suprema de Justicia.
La protesta está vinculada al reciente fallo del máximo tribunal sobre la Ley de Tierras. La Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, aunque no resolvió sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación: su decisión se basó en la falta de legitimación de quien había iniciado aquella causa. Como efecto práctico, volvió a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737.